Recorte a Educación encuentra rechazo en varios sectores

ntidades, académicos y partidos truenan ante propuesta del Gobierno de reducir más de 4 mil millones a Educación

Un amplio rechazo de los diferentes sectores ha tenido la propuesta del Gobierno, plasmada en el proyecto de ley de presupuesto complementario que se encuentra en el Congreso Nacional, y que tiene intenciones de hacer recortes al 4 % del Producto Interno Bruto (PIB) para la Educación.

Aunque algunos consideran que lo que debe discutirse es la manera en que se ha invertido ese dinero en todos estos años, todos coinciden en que los recursos para la educación no deben ser tocados. El Gobierno tiene intenciones de quitar más de 4 mil millones de pesos a la partida del Ministerio de Educación para transferírselos a otras instituciones.

Consultado por elCaribe, la Acción Empresarial por la Educación (Educa) se definió como partidaria de trabajar en el concepto de mantener la asignación presupuestaria prevista en la Ley para educación.

Con la advertencia de que hay que tener mucho cuidado de hacia dónde se redireccionarían esos fondos, la institución afirmó que aunque apoya se mantengan los fondos, ha llegado la hora de condicionar los desembolsos al nivel de cumplimiento en los objetivos de aprendizaje de los estudiantes.

A través de un documento compartido a este diario, la institución aseguró que las circunstancias del momento demandan de las fuerzas sociales que hicieron posible el 4 %, redoblen sus esfuerzos para que la inversión en educación se incremente y el Ministerio de Educación transforme su forma de gestionarlo para que los recursos se utilicen “real y efectivamente, para la mejora de la calidad de la educación de los niños, niñas y jóvenes”.

Al referirse de manera directa a las intenciones del Gobierno de recortar recursos del 4 % del PIB que se le asigna a la educación para redirigirlo a otros proyectos, Educa aseguró que se debe estudiar con cuidado si el destino de esos posibles recursos está yendo o no a financiar funciones inherentes a la actividad sectorial de educación para los niveles inicial, primarios, secundario técnico profesional, formación docente y capacitación continua de maestros.

“Se debe recordar que la Ley General de Educación 66-97 establece el financiamiento a la educación preuniversitaria del 4 % o el 16 % del gasto público, el que sea más alto, pero no necesariamente estos recursos deben ser administrados de manera directa por el Ministerio de Educación. En consecuencia, se debe estudiar con cuidado si el destino de esos posibles recursos redireccionados está yendo o no a financiar funciones inherentes a la actividad sectorial de educación”, aclara.

Académicos desaprueban reducción

La propuesta de recortes a educación también desató opiniones entre académicos que consideran incorrecto el accionar del Poder Ejecutivo.

Uno de ellos es el maestro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Antonio Ciriaco, quien entiende que las autoridades no solo deben mantener la formulación sino también la ejecución del presupuesto de la cartera estatal.

A pesar de afirmar que tradicionalmente el cuatro por ciento asignado por ley para el fortalecimiento de la calidad educativa no se cumple en su totalidad, manifestó que su aplicación es importante para evitar cualquier situación discrecional por parte de los gobiernos.

“En este presupuesto complementario evidentemente no se debió eliminar esa partida sino de exigirle a Educación que la ejecute, porque si no luego se hace un elemento de manera permanente y en cualquier situación se le va a eliminar un porcentaje que le corresponde”, expresó.

Para la educadora Encarnación González Vásquez, en vez de reducir la partida presupuestaria el Gobierno tiene que ir aumentándola en la medida de lo posible, porque la enseñanza al igual que la salud son pilares básicos de cualquier país.

Codue: Eficientizar el gasto público

Por otro lado, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue) considera que el gobierno debe eficientizar más el gasto público y vigilar con mayor cuidado el presupuesto asignado al Ministerio de Educación, ya que este debe ser bien utilizado para seguir transformando el modelo educativo.

El pastor Feliciano Lacen Custodio, presidente de la entidad religiosa, está convencido que ante los desafíos y acciones que tiene la cartera educativa como son la contratación de nuevos docentes, construcción de nuevas aulas, el fortalecimiento de los servicios técnicos pedagógicos en las áreas de primaria, servicios de educación para adolescentes, así como bienestar estudiantil, “es necesario mantener las asignaciones presupuestarias, pero con estricta supervisión y control de estos recursos”.

Partidos truenan

Al igual que los demás sectores, los partidos políticos de igual forma tronaron en contra de las intenciones del Ejecutivo.

El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charles Mariotti, declaró que la posición de esa organización será de oposición radical total a las pretensiones del Poder Ejecutivo de reducir el 4 % a Educación.

Consideró como desacertado que, en medio de reclamos de cientos de planteles escolares inconclusos y con un déficit de más de diez mil profesores en el sistema educativo, el Ejecutivo instruya para que se le quite más de 4 mil millones de pesos a Educación.

En ese sentido, recordó que el expresidente Danilo Medina en su campaña prometió asignar el 4 % a Educación y al asumir la Presidencia de la República y así lo hizo, asumiendo su compromiso como una bandera. “El expresidente Danilo Medina fue un abanderado del 4 por ciento a la Educación, que fue un reclamo de la sociedad dominicana”, refirió y desde su Gobierno ejecutó ese mandato.

De su lado, el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) se opondrá a cualquier apropiación o transferencia de montos consignados en el presupuesto complementario en lo que tiene que ver con el Ministerio de Educación, según anunció Pedro Botello, vocero del bloque de esa organización política en la Cámara de Diputados.

De acuerdo al legislador, con la iniciativa se viola la Constitución en lo concerniente a la disminución del monto aprobado inicialmente.