Tras encendidos debates el Senado aprueba en segunda lectura Proyecto Ley de Extinción de Dominio

SANTO DOMINGO, RD.- Tras encendidos debates, el Senado de la República aprobó este jueves en segunda lectura el Proyecto de Ley de Extinción de Dominio, que tiene por objetivo principal recuperar los bienes que provengan directa o indirectamente de un hecho ilícito realizado en el territorio nacional o en el extranjero.

 

En la sesión, los miembros de la Cámara Alta leyeron  a los 111 artículos que contiene la pieza legislativa, aprobada con una votación de 20 de 28 senadores presentes en el Hemiciclo. LA iniciativa pasa ahora a la Cámara de Diputados.

La normativa, que permaneció por más de una década en el Congreso Nacional, fue aprobada por el Pleno después de que una Comisión Bicameral analizara la iniciativa legislativa presentada por separado por los senadores Antonio Taveras Guzmán (Provincia Santo Domingo); Milcíades Franjul (Peravia); Félix Bautista (San Juan); Aris Yván Lorenzo (Elías Piña); y José Del Castillo Saviñón (Barahona).

La extinción de dominio es una normativa jurídica dirigida contra los bienes de origen o destinación ilícita, la cual constituye una herramienta para la persecución de los activos obtenidos a través del crimen organizado, la corrupción y otras actividades criminales.

Establece reglamentos para los procesos de extinción de dominio de bienes ilícitos, previstos en la Constitución de la República Dominicana. Además, define las competencias y facultades de las autoridades responsables de su aplicación.

También castiga la trata de personas, incluyendo la explotación sexual de menores (pornografía infantil), además, sanciona el tráfico ilícito de órganos humanos, secuestro, desfalco y estafa al Estado, así como la infracción relacionada con el terrorismo o su financiamiento.

Previo a la aprobación, el presidente de la comisión bicameral, el senador Pedro Catrain, presentó al Pleno detalles de la «ardua y responsable» labor de trabajo realizada por los legisladores, quienes celebraron más de 20 reuniones, en las cuales participaron experimentados juristas, consultores internacionales y representantes del sector público y privado, incluyendo vistas públicas donde fue convocada la ciudadanía para analizar el tema.