Seguridad ciudadana: Un mal enfoque del gobierno

Rafael Guillermo Guzmán Fermín

En las últimas s emana s e l país ha soportado con sobresaltos una indetenible cadena de actos delictivos, muchos de ellos propios de series de Netflix, en donde la delincuencia común y el crimen organizado continúan desafiando a las autoridades, exhibiendo su albedrío como un espectáculo de cine, con escenas de asaltos tipo “comando”, usando pasamontañas y guantes de látex para no dejar huellas dactilares, así como chalecos antibalas, lentes, vestimentas oscuras y un poderoso armamento de alto calibre, que las autoridades no poseen.

El desafío y confianza de estos delincuentes es de tal magnitud, que ya no solo actúan y se ocultan en la oscuridad de la noche para ejecutar sus actos, sino que asaltan a plena luz del día, sin importarles ser grabados por las cámaras de seguridad, ante el pánico de los ciudadanos que también son despojados de sus pertenencias, con el consabido “robo psicológico” de traumas permanentes

Ante esta ola de criminalidad, el ministro de Interior y Policía pide más “paciencia” a los atemorizados ciudadanos, quienes ven perder su bienestar, calidad de vida, convivencia pacífica y su salud físico- mental.

Una sociedad atrapada en la retórica populista, en teorías de escritorios y promesas incumplidas, una nación que se siente acorralada por el aumento de la criminalidad, demanda urgentemente respuestas concretas y efectivas.

Estamos al borde de que la inseguridad ciudadana y la violencia afecten la recuperación económica del país, no solo porque su dimensión objetiva está causando daños físicos y psicológicos contribuyendo al deterioro de la salud, económica y laboral de los ciudadanos que se ven impactados por estos hechos delictivos, sino también por la dimensión subjetiva a consecuencia de la percepción de inseguridad, temor, paranoia y desconfianza que afecta el ámbito emocional, cognitivo y psicológico, alterando grandemente la salud mental y provocando cambios notables en las actitudes, hábitos, rutinas y relaciones interpersonales; lo que afectaría, finalmente, el desempeño laboral, disminución de la productividad y, peor aún, el clima de paz como prerrequisito para el desarrollo turístico.

Nunca hemos dudado de las buenas intenciones del presidente de la República y su firme decisión de llevar a cabo una reforma policial que, si bien es cierto es necesaria, también es importante enfocarse en la prevención.

Reitero, con todo respeto, que está siendo mal asesorado, pues la emergencia nacional es atacar la inseguridad pública que abate a los ciudadanos, recordando que aunque aún no sabemos cuáles fueron los resultados de la ejecución del prometido “Plan Giuliani”, ya se han anunciado otros por parte del ministerio de Interior y Policía, institución responsable directa de la elaboración, diseño y supervisión de los planes de las políticas preventivas de seguridad pública, que posteriormente deberá ejecutar el órgano especializado para ello: la Policía Naciona.

El Estado, bajo la representación del ministerio de Interior y Policía debe tener la compresión de que la inseguridad ciudadana no es un problema policial, sino que es un problemática social y, como tal, debe de ser estudiada, analizada y tratada, en base a una política integral con las demás instituciones estatales.

De manera que, brindar seguridad ciudadana, no es simplemente trabajar en la reducción de los delitos, sino elaborar una minuciosa estrategia multidimensional tendente a mejorar la calidad de vida de la población, hoy aterrada; de acciones socio-estatales focalizadas para prevenir la criminalidad; de mejorar el acceso a un sistema de justicia y penitenciario eficiente y activo; además, de fomentar el retorno a una educación basada en los valores, el respeto a las leyes, a las autoridades y cultivar la tolerancia.

En este contexto, el ministerio debe de entender que, tanto una reforma policial como las políticas de seguridad públicas, son un “proceso” con la clara misión de implementar, robustecer y proteger el orden civil democrático, reduciendo las amenazas de violencia y criminalidad en la población, para permitir la coexistencia segura y pacífica, pues se enfocan en los derechos humanos de los delincuentes y pierden de perspectiva que la seguridad ciudadana es un bien colectivo y, como tal, obliga a proteger eficazmente los derechos fundamentales inherentes a las personas, especialmente el derecho a la vida, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de movimiento e integridad personal; derechos que hoy no son garantizados por el Estado.

Desde hace años he expresado, que existe otro mal enfoque cuando solo utilizan como parámetro de medición de la criminalidad la tasa de homicidios para dar una sensación falsa de eficiencia, cuando, por definición, el “Índice de Criminalidad” es la sumatoria detodas las infracciones penales que se comenten en un territorio determinado, durante un tiempo específico, medido por cada cien mil habitantes. Entre esos indicadores está, naturalmente, la tasa de homicidios, pero también la tasa de asaltos, robos, atracos, secuestros, robo de vehículos, heridos por armas de fuego, etc. O sea, que no es tan simple.

Ante esta agobiante situación, por razones de espacio sugeriré siete medidas a adoptar:

1.- Luego de diseñados los planes de seguridad pública por ese ministerio, dejar a la Dirección General de la Policía Nacional la responsabilidad de ejecutarlos sin “interferencias” políticas o externas.

2.- Implementación del Sistema Nacional de Seguridad Preventiva, con las debidas operaciones policiales focalizadas, utilizando la combinación del mapeo delictivo, inteligencia policial y los resultados de estudios criminológicos.

3.- Incorporación de herramientas tecnológicas para aumentar sus capacidades, reducir sus costos y mejorar su efectividad.

4.- Implementar los procesos de tecnificación y especialización del personal policial de seguridad y fiscales, para mejor sinergia y reducción de impunidad.

5.- Establecer un sistema de información amplio y transparente, que facilite la comunicación entre la policía y la sociedad civil.

6.- Crear vínculos de coordinación entre autoridades locales y nacionales, para tener una eficiente gestión de seguridad ciudadana a nivel local, bajo la sombrilla del Sistema Nacional de Prevención.

7.- Generar confianza colocando al ciudadano como el centro de la atención institucional, o sea, un efectivo servicio al “cliente”.

El país espera respuestas, pues con solo teorías o “paciencia” está claro que no se resolverá el problema.